Resulta asombroso el desprecio a la verdad que manifestó el PVI en su artÃculo de la semana pasada en este mismo medio, valorando la expropiación del corral de Batet.
En primer lugar y puestos a corregir sus mentiras decir que la calificación de urbano con destino público del referido inmueble derivaba del plan general de ordenación urbana del año 1.988, época del exalcalde socialista Ramón Bofill y no de la época del PP.
Segunda mentira, el plan general de ordenación urbana no obligaba a expropiar el inmueble, todo lo contrario, es el medio a través del cual poder expropiarlo. Y de hecho tal es asÃ, que quien aprueba el PGOU es el Ayuntamiento y no los particulares, pudiendo por tanto, si el Ayuntamiento no estaba interesado en materializar esa expropiación haber hecho la modificación pertinente. Pero claro está, el PVI se niega a reconocer esta obviedad porque es tanto como reconocer su propia ineptitud, ya que no sólo no evitaron la expropiación sino que decidieron materializarla de forma torpe y negligente lo que ocasionó un elevado sobrecoste.
Y en tercer lugar resulta esperpéntico que acusen al gobierno del Partido Popular de no recurrir la resolución judicial que condenó al Ayuntamiento a pagar los intereses cuando fueron ellos quienes no lo hicieron y, para comprobarlo, sólo hay que acudir al expediente y revisar la documentación:
Fecha de la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, 22 de marzo de 2010 (Gobierna PSPV-PVI), donde se fija el precio de expropiación del inmueble y la indemnización de los intereses.
El Ayuntamiento disponÃa de dos meses para recurrir esa resolución y NO LO HIZO, (desconocemos por qué, puesto que no hay un solo informe que avale o justifique esa decisión).
10 de noviembre de 2010, (sigue gobernando PSPV-PVI), se paga a los propietarios del corral de Batet el precio fijado en la Resolución del Jurado Provincial pero no los intereses reconocidos en esa misma Resolución.
15 de noviembre de 2010, los particulares, en lógica defensa de su patrimonio, reclaman al ayuntamiento el pago de los intereses reconocidos en la resolución del Jurado Provincial que ha devenido firme, puesto que NO FUE RECURRIDA por el Ayuntamiento del PSPV-PVI.
15 de octubre de 2012, (Gobierna PP), fecha de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo que obliga al Ayuntamiento a pagar los intereses reconocidos en la Resolución del Jurado Provincial.
19 de noviembre de 2012, informe de los abogados del Ayuntamiento, (los mismos que contrató el Gobierno PSPV-PVI), donde de forma concluyente aconsejaron no recurrir por no tener posibilidades de éxito, ya que la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación en la que se reconocÃa a los particulares el derecho a los intereses ERA FIRME, puesto que en su momento no fue recurrida por el Ayuntamiento (del PSPV-PVI),lo que unido a la segura imposición de costas y a su elevada cuantÃa les llevaba a informar en estos términos.
Es por ello que existiendo dos resoluciones que obligaban al Ayuntamiento a pagar y un informe de los propios abogados del Ayuntamiento que adevertÃan que este recurso lo único que generarÃa era un elevado incremento de gastos, puesto que la decisión de fondo era indiscutible por ser ya FIRME, al no haberse recurrido en su dÃa la resolución del Jurado Provincial por el gobierno de PSPV-PVI, el Equipo de Gobierno del PP hizo lo que harÃa cualquier Gobierno serio, seguir el criterio de los técnicos y expertos en la materia.
Lamentablemente, para perjuicio de los vinarocenses y vergüenza de los integrantes del Gobierno PSPV-PVI, no sabemos en base a qué criterio decidieron NO RECURRIR la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación del corral de Batet, y decimos eso porque, tras consultarse el expediente, no existe constancia de que se sometiera al criterio de los técnicos la conveniencia o no de ese recurso, no existe pronunciamiento de técnico alguno que desaconsejara el mismo.
Lo cual evidencia cómo y de qué manera tomaban las decisiones los gobiernos del PSPV-PVI, que hoy se ven en la necesidad de mentir para tratar de ocultar o justificar la dejadez e ineficacia con la que gestionaron el Ayuntamiento.