El PP dice que deberían ser los socialistas quienes “paguen de su bolsillo” la indemnización por la paralización del Castor

mié, 12 de noviembre de 2014
El diputado autonómico, Mariano Castejón, señala que “la incompetencia socialista fue la que blindó la indemnización a la empresa”

El diputado del PP Mariano Castejón ha afirmado que deberían ser los socialistas quienes "paguen de su bolsillo" la indemnización a la empresa Escal UGS por la paralización de la actividad del proyecto Castor, de extracción y almacenamiento de gas natural. En este sentido, ha criticado la "incompetencia" del Gobierno socialista al declarar urgente la obra y "blindar" la indemnización de la empresa.

Así se ha pronunciado en el pleno de las Corts, donde el PP ha rechazado la proposición no de ley de Compromís, que quería instar al Gobierno central a desmantelar la plataforma y la totalidad de las instalaciones del proyecto castor como medida preventiva de que no se producirán nuevos terremotos "como consecuencia de su puesta en funcionamiento" al estimar que dicho acuerdo ya había sido adoptado con anterioridad y había sido admitido parcialmente por el gobierno central.

Desde Compromís, el diputado Josep Maria Pañella ha explicado que otro de los puntos que reclamaban era someter el proceso de adjudicación a una auditoría que afecte tanto a la parte técnica de la construcción como a la administrativa de la concesión para "aclarar posibles responsabilidades de la empresa y la administración. Asimismo, exigían retener la compensación de 1.350 euros a la empresa hasta que no esté la auditoría y que la Abogacía de la Generalitat prepare un recurso contra dicha compensación.

El 'popular' Mariano Castejón ha argumentado que los movimientos sísmicos "no respondían a la existencia de la instalación sino a su actividad y gracias al PP no está en funcionamiento". Asimismo, ha justificado que el desmantelamiento "no se haga de manera precipitada" por motivos de seguridad. A su juicio, los socialistas deberían pagar de su bolsillo o pedir perdón a la ciudadanía por el gran fiasco que ha representado el Castor que será recordado como el gran monumento socialista a la ineptitud en la gestión.

El PP, por su parte, ha presentado una enmienda a la iniciativa, que no ha sido aceptada, por la que se proponía sustituir el texto de Compromís por otro que expresara el apoyo de las Corts al Gobierno de España en el acuerdo de paralización definitiva del almacén Castor. Del mismo modo, los 'populares' solicitaban al Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy tenga en cuenta las opiniones de los sectores afectados y se evalúen los costes adicionales que sobre el recibo del gas pueda tener el desmantelamiento de la planta.

Otro de los puntos que proponía el PP instaba al Gobierno de España a estudiar acciones para exigir responsabilidades derivadas de la tramitación, adjudicación, autorización de la concesión a Escal UGS la concesión de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural en la planta Castor; y también dirigirse a Fiscalía para que investigue la comisión de algún tipo de indicio penal por parte de responsables públicos que adoptaron la en la decisión que ha llevado al Tribunal Supremo a motivar una sentencia que obliga a indemnizar a la empresa. Esta enmienda es exactamente la misma que la propuesta de resolución de la proposición no de ley  que registraron los populares el pasado 4 de octubre.

Pañella ha advertido de que no iban a cambiar su propuesta y ha calificado de "rebajas" los puntos que ha presentado el PP. "Primero reclamemos y luego paguemos porque la empresa puede desaparecer" y "no vamos a permitir cambios en la proposición no de ley", ha remarcado. Asimismo, ha criticado que la intención de los 'populares' es que "se investigue al PSOE", cuando Compromís "quiere que se investigue la gestión de los socialistas pero también la del PP".

En la réplica, el diputado popular, residente en Vinaròs, ha destacado que mantenían su propia proposición no de ley con propuestas de resolución claras, factibles, realizables, que pueden ser asumidas sin que contradigan la legalidad vigente, ni que contengan arbitrariedades en su redacción como el propio sr. Pañella ha reconocido la inviabilidad del segundo punto de su propuesta. 

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