Castejón: “La autorización de Castor fue una irresponsabilidad flagrante del Gobierno de Zapatero”

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Mariano Castejón, ha afirmado hoy que “la autorización de Castor fue una irresponsabilidad flagrante del Gobierno socialista de Zapatero”.

   Castejón se ha pronunciado así después de que el TSJCV haya anunciado la apertura de diligencias de investigación y la imputación de 18 personas por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor. Una decisión que, a juicio del diputado popular “era de esperar tras la denuncia interpuesta por Fiscalía y que no nos sorprende”. Castejón ha explicado que se trata de  responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto, como los responsables de la mercantil Escal UGS a la que se le acusa  de obviar  un estudio sobre la actividad sísmica y también se hace referencia en el auto que sorprende que la Administración aceptara esta actuación.

   El diputado popular ha recordado que la tramitación de la plataforma gasística Castor se inició en 2007, durante el mandato de Zapatero como presidente del Gobierno de España, y durante el proceso de tramitación y licencia el proyecto pasó por manos de varios ministros –Joan Clos, Cristina Narbona, Miguel Sebastián y Elena Espinosa-.

   Según recoge el juez en su auto de hoy mismo, el 31 de enero de 2006 la mercantil Escal solicitó la concesión de la explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural denominado Castor “y se realizó un informe en el que se entendía apta. No obstante, posteriormente hemos conocido que a la empresa se le exigió un análisis sobre el riesgo de seísmos y lo obvió señalando que no veía razones para incluir en el Estudio de Impacto Ambiental un estudio de frecuencia de actividad sísmica. Y lo que ahora destaca el juez en su auto es la sorpresa de tal negativa fuera consentida por la Administración Socialista del momento”, ha explicado el portavoz de Medio Ambiente.

   “Fue el Gobierno del Partido Popular –ha indicado Castejón-, el que  tuvo muy claro desde el principio que había que anteponer la seguridad de las personas a cualquier otro interés”. Asimismo, ha añadido que ha sido el PP “el que en todo momento ha actuado con la mayor de las cautelas y conocida la actividad sísmica detectada en la zona, el que decretó por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en septiembre de 2013, la paralización del proyecto y solicitar la información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta, como así se concluyó”.

   “Desde el Grupo Parlamentario Popular siempre hemos mantenido que sea el juzgado el que investigue si existió delito en la concesión de autorizaciones y licencias al proyecto Castor por parte de los anteriores responsables del Gobierno Socialista y en la gestión ambiental de la empresa concesionaria”, ha subrayado Castejón. “Estaremos a la espera de ver cómo responden los socialistas y que nueva estrategia se inventan ahora para desviar la atención de este proceso judicial que ahora empieza”, ha concluido.